Díaz dice que el nuevo control horario digital para pymes y autónomos está «culminándose» y se aprobará pronto
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró esta semana que el nuevo control horario digital e interconectado con la Inspección está «culminándose» y podría aprobarse pronto. Estos cambios elevarían los costes y la vigilancia sobre las pymes.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró esta semana que el nuevo sistema de control horario digital obligatorio para empresas y autónomos con empleados se encuentra ya en su fase final. Y que el Gobierno sigue adelante con su aprobación, pese a las diferencias internas con otros ministerios. La norma obligará a implantar un registro de jornada digital, objetivo y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo, lo que supondrá nuevos costes y mayores obligaciones para miles de pequeños negocios.
Según reconoció la propia ministra, el Ejecutivo decidió desligar este decreto de la fallida reducción de la jornada laboral, que no logró apoyo parlamentario, para poder así sacarlo adelante de forma independiente en 2026. De este modo, Trabajo evita una reforma del Estatuto de los Trabajadores y apuesta por un Real Decreto específico, más sencillo desde el punto de vista normativo, pero con un impacto directo en la gestión diaria de pymes y autónomos empleadores.
El anuncio reabre un debate que ya generó una fuerte contestación empresarial durante su fase de audiencia pública: la obligación de usar sistemas digitales homologados, no manipulables y conectados con la Inspección, frente a los actuales registros en papel o herramientas internas. Un cambio que, según alertan organizaciones empresariales, implicará más costes, más vigilancia y menos margen de flexibilidad para los pequeños negocios.
Díaz dice que el nuevo control horario está a punto “de culminarse” pese a la reticencia de Economía
La ministra de Trabajo afirmó que el nuevo control horario digital “se está culminando”, confirmando así que el Gobierno no ha renunciado a una de las reformas laborales más polémicas de la legislatura. Díaz defendió que el objetivo es reforzar el cumplimiento de la jornada laboral y combatir las horas extra no pagadas, una de las prioridades históricas de su departamento.
Estas declaraciones llegan en un contexto de tensión dentro del propio Gobierno, ya que el Ministerio de Economía ha mostrado reticencias al alcance de la norma, especialmente por su impacto sobre las pymes. Sin embargo, Trabajo ha optado por seguir adelante, convencido de que el decreto puede aprobarse sin necesidad de pasar por el Parlamento si se articula como desarrollo reglamentario de la normativa vigente.
El origen de esta medida se remonta a la obligación de registro horario introducida en 2019, que exigía a las empresas llevar un control diario de la jornada. Desde entonces, Trabajo ha considerado insuficiente su aplicación práctica, al entender que muchos registros son fácilmente manipulables o carecen de fiabilidad real.
Una inversión en nuevas aplicaciones para la mayoría de pymes
Por ello, el nuevo decreto busca dar un salto cualitativo: pasar de un registro “formal” a un sistema digital estandarizado, con trazabilidad completa, conservación obligatoria de los datos y acceso inmediato para la Inspección de Trabajo, sin necesidad de requerimiento previo.
Para las pymes y autónomos con empleados, esto supone un cambio estructural en la gestión laboral. Ya no bastará con hojas firmadas o aplicaciones internas básicas, sino que deberán contratar o adaptar herramientas tecnológicas específicas, con el consiguiente coste económico y organizativo.
Además, el hecho de que la norma se tramite al margen de la reducción de jornada ha generado inquietud entre los empresarios, que temen que el control horario se convierta en una herramienta de fiscalización permanente, incluso sin cambios previos en el marco laboral general.
Los cambios que podrían entrar en vigor en 2026 con el nuevo control horario digital
Si finalmente se aprueba el Real Decreto en los términos planteados por el Ministerio de Trabajo, el nuevo control horario digital incorporará una serie de cambios clave que afectarán de lleno a pymes y autónomos empleadores.
El primero es la obligatoriedad de un registro digital, eliminando en la práctica el papel y los sistemas manuales. El fichaje deberá realizarse a través de medios electrónicos que garanticen la autenticidad del dato, la identificación del trabajador y la imposibilidad de manipulación posterior.
En segundo lugar, el sistema deberá ser objetivo, fiable y accesible en tiempo real. Esto implica que la Inspección de Trabajo podrá consultar los registros de jornada de forma inmediata, incluso a distancia, sin necesidad de visitar físicamente el centro de trabajo o solicitar previamente la documentación.
Otro cambio relevante es la conservación obligatoria de los datos durante al menos cuatro años, en formato digital, garantizando su integridad. Las empresas deberán poder acreditar no solo las horas trabajadas, sino también las pausas, interrupciones y posibles modificaciones, con un historial completo de registros.
El nuevo registro incluirá la jornada real y efectiva
El decreto también prevé que el registro incluya la jornada real y efectiva, no solo el horario teórico. Esto afectará especialmente a sectores con flexibilidad horaria, trabajo a turnos o actividad irregular, donde los autónomos deberán extremar el control para evitar sanciones.
Además, el sistema deberá ser interoperable, es decir, compatible con los requisitos técnicos que establezca la Administración. Aunque Trabajo no ha detallado aún un proveedor único, sí ha dejado claro que no cualquier herramienta servirá, lo que obligará a muchas pymes a invertir en soluciones específicas.
Por último, el incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones económicas, al considerarse una infracción en materia laboral. Un riesgo que preocupa especialmente a los pequeños negocios, que ya soportan una elevada carga administrativa y temen un aumento de la presión inspectora.
Europa llevará a España ante los tribunales por no haber reducido las cargas contables de las pymes
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adaptado a tiempo su legislación a la normativa comunitaria que actualiza los umbrales que determinan el tamaño de las empresas. Una reforma clave para las pymes que debía haberse traspuesto antes de que terminara 2024 y que permitiría reducir de forma significativa sus obligaciones contables, administrativas y de información financiera.
Según un comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario, España incumple la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que obliga a los Estados miembros a ajustar los límites que definen a las empresas medianas, pequeñas y micro, teniendo en cuenta la inflación acumulada desde 2013. Al no hacerlo, miles de negocios siguen soportando exigencias propias de empresas de mayor tamaño, con el consiguiente sobrecoste económico y burocrático.
Aunque el Gobierno español aprobó recientemente un anteproyecto de ley para modificar algunos de estos umbrales, Bruselas considera que la medida llega tarde y, además, no cumple plenamente con el contenido ni el alcance exigido por la directiva. Por ese motivo, la Comisión ha iniciado el procedimiento sancionador que puede acabar en condena judicial y, eventualmente, en multas económicas.
- La directiva reduciría las obligaciones contables para miles de pequeñas empresas
- España debería haber traspuesto la directiva para ajustar la definición de pyme en 2024
- Sin nuevos umbrales, miles de pymes quedan sometidas a obligaciones para estructuras mayores
La directiva reduciría las obligaciones contables para miles de pequeñas empresas
La norma europea que está en el centro del conflicto busca algo muy concreto: adaptar la definición de tamaño empresarial a la realidad económica actual. Los umbrales vigentes para clasificar a las empresas (facturación, balance y número de empleados) llevaban más de una década sin actualizarse, pese a una inflación acumulada superior al 30%.
La Directiva Delegada (UE) 2023/2775 incrementa estos límites aproximadamente un 25%, lo que permitiría que muchas empresas que hoy son consideradas pequeñas o medianas pasen a encuadrarse en categorías inferiores. El efecto práctico es inmediato: menos obligaciones contables, menos exigencias de información financiera y menores costes de cumplimiento normativo.
Entre los principales cambios que introduce la directiva destacan:
- El aumento de los umbrales de facturación y balance para microempresas y pequeñas empresas.
- La posibilidad de que más sociedades puedan formular cuentas abreviadas.
- La reducción del número de empresas obligadas a elaborar estados financieros complejos.
- Menores exigencias de información no financiera y de reporte detallado.
Para las pymes, esto se traduce en menos gastos en asesoría contable, menos tiempo dedicado a trámites administrativos y una gestión financiera más sencilla. Según estimaciones del sector, el ahorro anual puede situarse en varios miles de euros por empresa, especialmente en negocios pequeños con estructuras muy ajustadas.
Desde Bruselas se insiste en que la finalidad de la directiva no es meramente técnica, sino económica: mejorar la competitividad de las pymes europeas, liberar recursos productivos y evitar que la inflación “expulse” artificialmente a empresas de un régimen más favorable.
España debería haber traspuesto la directiva para ajustar la definición de pyme en 2024
La Comisión Europea recuerda que el plazo para incorporar esta directiva al ordenamiento jurídico nacional expiró el 31 de diciembre de 2024. A pesar de ello, España no ha aprobado ninguna norma con rango de ley que garantice su plena aplicación.
Es cierto que el Gobierno anunció recientemente un anteproyecto de ley para modificar algunos de los criterios de clasificación empresarial. Sin embargo, este texto todavía no ha sido aprobado por las Cortes Generales y, por tanto, no tiene efectos jurídicos reales sobre las empresas.
Además, Bruselas considera que el planteamiento español es parcial e insuficiente. Según el análisis de expertos jurídicos consultados, el anteproyecto se limita a ajustar determinados umbrales, pero no reproduce de forma completa el esquema previsto en la directiva europea ni garantiza una reducción efectiva de todas las cargas contables asociadas al tamaño empresarial.
Otro punto clave es que la Comisión no acepta que los Estados miembros cumplan sus obligaciones mediante normas provisionales o proyectos en tramitación. Para Bruselas, solo cuenta la legislación vigente y plenamente aplicable, y en ese terreno España sigue incumpliendo.
Por este motivo, la Comisión ha decidido dar el siguiente paso en el procedimiento de infracción y llevar el caso ante el TJUE. Si el tribunal falla en contra de España, el país podría enfrentarse no solo a la obligación de trasponer la directiva de forma inmediata, sino también a sanciones económicas si persiste el incumplimiento.
Desde el punto de vista de las pymes, el retraso tiene un impacto directo: siguen soportando costes y obligaciones que la normativa europea considera desproporcionadas y obsoletas. Un escenario que, según advierten los expertos, reduce la competitividad del tejido empresarial español frente a otros países que sí han aplicado ya la directiva.
Sin nuevos umbrales, miles de pymes quedan sometidas a obligaciones para estructuras mayores
El trasfondo del conflicto es claro. Si los umbrales no se actualizan con la inflación, cada año más empresas crecen solo en términos nominales y pasan a estar sometidas a obligaciones pensadas para estructuras mucho mayores. Europa quiere evitar ese efecto arrastre. España, de momento, no ha llegado a tiempo.
Mientras tanto, miles de pymes siguen a la espera de una reforma que, sobre el papel, ya debería estar en vigor y que podría aliviar de forma inmediata su carga contable y administrativa.
La siniestralidad en el campo aumenta un 15% y deja pérdidas históricas entre agricultores y ganaderos
La siniestralidad del seguro agrario creció un 15% en 2025 y alcanzó los 804 millones de euros en indemnizaciones; una de las cifras más altas de los últimos 45 años, y segunda solo tras la sequía excepcional de 2023. Lo que ha tenido un efecto directo en agricultores y ganaderos autónomos, que aseguran su explotación para no quedarse sin ingresos tras un siniestro. El salto coincide con un récord de contratación del seguro agrario.
Solo los fenómenos tormentosos explicaron buena parte de la factura: las tormentas concentraron más de 530 millones de euros en daños por pedrisco, lluvia persistente o torrencial, inundación y viento, y afectaron a más de un millón de hectáreas aseguradas. Por encima incluso del máximo de 2018, situado en 858.000 hectáreas. En el conjunto del año se gestionaron 113.000 siniestros agrícolas sobre 1,46 millones de hectáreas, además de daños en instalaciones.
Para un pequeño negocio agrario, la cifra no es solo un agregado contable, sino la traducción de campañas perdidas y de tesorerías tensas cuando el daño llega en plena recolección o en momentos clave de venta. El aumento de la siniestralidad implica mayores desembolsos para el sistema, pero también confirma que la póliza es, en muchos casos, la diferencia entre seguir produciendo o parar durante meses.
- Tormentas casi diarias y récord de superficie afectada para los agricultores
- Más siniestros también en ganadería y retirada de animales
Tormentas casi diarias y récord de superficie afectada para los agricultores
La meteorología de 2025 arrancó con borrascas intensas en marzo, con precipitaciones tres veces superiores a lo normal en ese mes, y dejó suelos saturados que agravaron los daños posteriores en parcelas y caminos rurales. La primavera y el verano fueron muy inestables, con episodios constantes de granizo y dos danas en junio y julio.
Entre el 6 de febrero y el 6 de agosto, todos los días se registraron daños por tormenta en algún punto del país, un patrón que convierte el riesgo en rutina para quien vive de una cosecha y debe reorganizar cuadrillas y fechas de corte. Junio fue el mes más duro, con más de medio millón de hectáreas siniestradas en solo treinta días.
Después, agosto cambió el guion con una intensa y prolongada ola de calor y una anomalía cálida, que elevó el estrés hídrico y favoreció incendios forestales de gran gravedad. En paralelo, el calor extremo también dañó producciones sensibles, elevó el coste de riego y multiplicó las bajas de rendimiento.
El final del año alternó periodos secos con nuevas borrascas y un temporal atípico en la última semana, con lluvias torrenciales e inundaciones en invierno que dañaron cultivos e instalaciones, además de mangas marinas y rachas de viento. Incluso reapareció el pedrisco, un riesgo poco habitual en esa estación y difícil de prever en la gestión diaria.
Más siniestros también en ganadería y retirada de animales
La presión no se limitó a los cultivos, porque Agroseguro tramitó 103.000 siniestros pecuarios y 1,45 millones de servicios de retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones, una actividad que requiere logística diaria y encarece el coste del manejo. Para ganaderos autónomos, la cobertura evita que un episodio sanitario o climático se traduzca en un golpe inmediato de caja.
Por producciones, las indemnizaciones sin gastos para productores de frutales alcanzaron 164 millones de euros en 2025 –un 80% más que el año anterior–, por los daños de la actividad tormentosa en primavera y verano. En especial, en las zonas más castigadas por granizo. Después se situaron los herbáceos con 128 millones, los cítricos con 86 millones, las hortalizas con 73 millones y el viñedo con 72 millones.
En los seguros pecuarios, las indemnizaciones pecuarias subieron un 11% y alcanzaron 173 millones de euros, con 58 millones destinados a explotaciones de vacuno y 11 millones en granjas de aves, sobre todo por siniestros de gripe aviar. El seguro de retirada y destrucción de animales muertos concentró 96 millones, una partida que pesa en negocios familiares y que evita costes extraordinarios cuando la mortalidad repunta.
El balance de 2025 constata efectos intensos de la meteorología y explica la evolución de la contratación, porque el seguro agrario se presenta como la mejor herramienta de protección de explotaciones agropecuarias cuando el golpe llega de forma repetida y afecta a la producción comercializable. Con más de un millón de hectáreas afectadas por tormentas y 1,46 millones de hectáreas siniestradas en total, la indemnización se convierte en un componente central de la cuenta anual de muchos autónomos.
Los costes ocultos de la nueva subida del SMI para pymes y autónomos, más allá de salarios y cotización
- Costes adicionales de 72 euros para las pymes por rehacer y recalcular cada nómina
- La incidencia de los costes en las empresas con alta rotación o muchos empleados en SMI
- Las pymes reclaman certidumbre para poder operar
La patronal de empresas de trabajo temporal y de agencias de empleo, Asempleo, publicó recientemente un informe, en el cual señala otros sobrecostes en los que incurrirán autónomos y pymes con empleados tras el nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que les obligará a rehacer y recalcular miles de nóminas.
El nuevo incremento del salario mínimo del 3,1% para 2026 eleva la cuantía hasta 1.221 euros brutos en 14 pagas. La medida, aprobada por el Ministerio de Trabajo y y Economía Social, sin el respaldo de la patronal, también implica nuevos costes para los trabajadores por cuenta propia con empleados.
Según estimaciones de Asempleo, las empresas con trabajadores en el SMI tendrán que hacer frente a un coste administrativo añadido de en torno a 72 euros y 14 minutos de gestión por nómina. Pymes y autónomos tendrán que recalcular las nóminas complementarias y hacer frente a servicios de gestoría o consultoría, lo que añade nuevos costes a los 700 euros anuales que la empresa asumirá en coste laboral por cada empleado en SMI con la nueva subida.
A su vez, como explicó a este medio Francisco Vidal, director de Economías y Finanzas de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), “se está retrasando de forma innecesaria. Si ya se conoce la subida que hay que aplicar para el SMI, lo correcto es hacerlo en tiempo y forma, para evitar incertidumbre en los trabajadores y costes innecesarios y cargas para las empresas”.
Costes adicionales de 72 euros para las pymes por rehacer y recalcular cada nómina
En ese sentido, estos nuevos costes se generarán en el momento en que se apruebe el SMI, previsiblemente durante este mes, y que se aplicarán de manera retroactiva al 1 de enero de 2026.
De manera general, el coste estimado desde Asempleo por rehacer y ajustar las nóminas ya cerradas y pagadas y elaborar las nóminas complementarias es de casi tres millones de euros para las empresas (2,9 millones). Y, en el caso concreto del sector de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), donde abundan los empleados con sueldos en el tramo del SMI, por encima de los 690.000 euros.
Además, según comunicó la patronal, emitir nóminas complementarias no solo conlleva estos costes añadidos, sino que también puede hacer necesario «contactar a trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, provocando incertidumbre jurídica y administrativa”.
A este nuevo cálculo también añaden un precio de hora de consultoría de nóminas de 57 euros y un coste unitario de recálculo de 13,30 euros. Adicionalmente, un tiempo de gestión estimado de 14 minutos por cada nómina; en concreto, seis minutos para el nuevo cálculo y ocho minutos de emisión de la nómina complementaria.
Para poder elaborar estos cálculos, la patronal de ETT tomó como base la realización de 1.185.600 millones de contratos totales y 220.258 contratos en el tramo del SMI a nivel nacional, lo que supone un coste por rehacer las complementarias de 2,06 euros, al que hay que añadir los 57 euros de consultoría y los 13,30 euros de recálculo (72,36 euros por nómina).
La incidencia de los costes en las empresas con alta rotación o muchos empleados en SMI
La incidencia de estos costes es muy alta en sectores intensivos en mano de obra y sectores con alta rotación de personal. A su vez, aunque estos costes sean menores que los costes salariales y de cotizaciones a los que tienen que hacer frente los empleadores, existe una “dificultad real” para repercutir este coste administrativo sobre el cliente final.
«Esto afecta a los márgenes y la productividad del sector; penaliza la competitividad de empresas que ya operan con exigencias muy altas de cumplimiento normativo» apuntó Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.
Asimismo, la entidad pide una mayor previsibilidad y estabilidad regulatoria en los costes laborales de las empresas para mantener la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la calidad en el empleo.
Las pymes reclaman certidumbre para poder operar
En la patronal de la pequeña y la mediana empresa, por su parte, explicaron que resulta clave que las pymes y los autónomos con empleados puedan operar con certidumbre para evitar “distorsiones” a las empresas y sus empleados.
“La decisión ya está tomada. Los retrasos en su aplicación son contraproducentes. Una vez que el acuerdo está tomado y está firmado con los sindicatos hace días, desde el punto de vista de la gestión y la organización, es necesario certidumbre y diligencia, para evitar incurrir en más sobrecostes de este tipo. La decisión se puede aplicar en tiempo y forma y, si se va retrasando, es contraproducente en todas las partes”, destacó Vidal.
A su vez, cualquier sobrecoste que tengan que afrontar las pymes y los trabajadores por cuenta propia, incluso si no es muy elevado, tiene un importante impacto debido al contexto de incremento de costes generalizado que ya existe. “La mayor problemática es que se está generando este contexto de aumento de costes generalizado en todas las empresas, sin tener en cuenta la heterogeneidad de las empresas de nuestro tejido productivo”.
La dificultad principal radica en que, en función de estas diferencias, por tamaños y sectores, no permiten a todos los autónomos y sociedades asumir el alza de costes de la misma forma, con el mayor perjuicio para autónomos con empleados y microempresas, quienes no pueden absorber de la misma forma este alza en sus márgenes.
“Se está actuando sin tener en cuenta la situación de una parte relevante del tejido productivo español, y, un tejido muy necesario, porque es el articula los territorios, sobretodo en las zonas rurales y en los barrios de las ciudades (…). Su capacidad para afrontarlo es muy reducida”, añadió el Director de Economías y Finanzas de CEPYME.
